Enrique Campos Suárez
Es un peligro que existan autoridades que compren los chantajes con tanta facilidad. No puede el Secretario del Trabajo reconocer a Martín Esparza como Secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas.
¿Qué hubiera sucedido si el cálculo al momento del operativo militar de ayer en Zapopan hubiera sido que con la detención o muerte de Nacho Coronel se hubiera exacerbado la violencia?
Seguro que si les da miedo la reacción posterior de las bandas organizadas no hacen ningún operativo, es más, no desatan ninguna guerra contra el crimen organizado.
Y seguro que si al gobierno de Felipe Calderón le hubiera dado miedo la reacción de un sindicato violento como el Mexicano de Electricistas, seguro que desde un principio no se mete a realizar la mejor faena del sexenio: la extinción de uno de los peores cánceres de las finanzas públicas.
Pero lejos de tener temor y hacer lo mismo que hicieron todos los anteriores: heredar el problema, el gobierno de Calderón le entró. Entre otras cosas porque vio en su Secretario del Trabajo a un personaje capaz de llevar a cabo de manera ordenada y legar este proceso tan complicado.
Sabía que la reacción sería violenta, desproporcionada, pero nunca incontrolable si se mantenía el espíritu de la ley y si sabían comunicar adecuadamente las ventajas de acabar con el robo de Luz y Fuerza del Centro.
La oferta de liquidar tan generosamente a los extrabajadores fue una muy buena jugada de las autoridades, altamente injusta con el resto de los trabajadores que tienen que enfrentar liquidaciones muchas veces injustas, pero proporcional al tamaño de la pérdida que tenía el país.
Si la acción ya había sido correctamente ejecutada, si los policías federales que habían sido asignados a esta misión ya habían regresado en su mayoría a sus agrupamientos, si muchos extrabajadores de Luz y Fuerza ya estaban con sus nuevos trabajos vigentes o con sus trabajos independientes funcionando, ¿para qué recular?
No hay manera, no se puede, es imposible que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bajo la conducción de Javier Lozano Alarcón, le otorgue el reconocimiento a Martín Esparza Flores como Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Si esa dependencia aplica la ley, como nos tiene acostumbrados, no hay forma de que se le otorgue la toma de nota a una dirigencia que se ha encargado de violar la ley laboral, el código penal y los propios estatutos del SME.
Eso de la toma de nota es una tomada de pelo que alguien inventó y que si se sigue alimentando esa posibilidad no acabará sino por complicar más el panorama político de la decisión que más positivamente había marcado al gobierno actual.
No es moneda de cambio la ley, no debería ser en la administración de un Presidente que no ha cumplido con la creación de empleos, al que le tocó la gran recesión mundial, al que lo que mejor le identifica es declarar la guerra a la ilegalidad del crimen organizado.
Ahora, si la instrucción es otra. Si la ley estorba, pues claro que será posible que Esparza sea lo que quiera ser y que reciba los recursos que quiera y que haga lo que quiera.
Los huelguistas de hambre gozan, todos, de cabal salud. No hay uno solo, ninguno, que tenga la más mínima consecuencia de pasar 90 días “sin comer”. En Cuba, Orlando Zapata murió tras 85 días de huelga de hambre. En México, Cayetano salió caminando rumbo a su casa tras 89 días.
Es un peligro tener autoridades que se compren los chantajes con tanta facilidad. Porque no se trata de la toma de nota de un dirigente de un sindicato que ni siquiera tiene empresa. Se trata de doblar las manos ante el chantaje, ante la más mínima presión.
Si ése es el camino a seguir por parte del gobierno federal en lo que le queda a esta administración, estamos en peligro. Porque no faltará el grupo con un poquito de apoyo del gobierno de la ciudad de México, como el SME, o de algún otro grupo que doble a la administración de Calderón para conseguir lo-que-sea.
Se tomó una decisión con LFC. Es condición indispensable que se mantenga con firmeza el gobierno federal en lo hecho. De lo contrario, el costo será enorme.
No a la toma de nota de una dirigencia ilegal. Porque eso sería tanto como tomarle el pelo a toda una sociedad que espera que en algún momento su suerte de impunidad constante cambie.
EL ECONOMISTA
Viernes, 30 de julio de 2010.
viernes, 30 de julio de 2010
jueves, 22 de julio de 2010
¿Quién es el culpable?
Carlos Elizondo Mayer-Serra
22 Jul. 10
Dos ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Cayetano Cabrera y Miguel Ángel Ibarra, están en riesgo de morir. Por decisión propia y con el cobijo y estímulo de la fracción directiva del SME, que encabeza Martín Esparza, están en huelga de hambre. Cayetano lleva ya 89 días. ¿Quién sería el responsable si fallecieran? ¿El gobierno, porque no acepta su demanda de contratar nuevamente a través de la CFE a todos los trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro, o quienes decidieron y apoyan este acto?
Si yo organizo a 20 mil talentosos ingenieros y me pongo en huelga de hambre si no son contratados por Telmex, ¿si me muero es culpa de Carlos Slim o mía? Únicamente mía. Slim no tendría responsabilidad alguna. En su empresa y, como en cualquier otra del mundo privado, se contrata sólo a la gente que se necesita. ¿Alguien está en contra de esta premisa?
¿Por qué si el patrón es el gobierno esto es distinto? Los defensores del SME no argumentan que sean necesarios esos trabajadores. Simplemente por haber laborado en una empresa del gobierno tienen derecho a hacerlo de por vida. No importa si sobraban tres cuartas partes de ellos y LyFC perdía al año el equivalente a dos veces el presupuesto de la UNAM.
Esas pérdidas las pagábamos nosotros. Si a un empresario le da por contratar gente de más, es su problema; hace con su capital lo que quiere. En México estamos acostumbrados a dilapidar el capital del gobierno en trabajadores innecesarios. Ésta es una de las razones de la falta de recursos y los malos servicios públicos que erosionan la legitimidad del gobierno.
Es duro para los ex trabajadores de LyFC no tener trabajo, sobre todo para quienes no han optado por la liquidación. Sin embargo, más duro ha sido para los 583 mil 999 que perdieron su trabajo en la crisis del 2009 o que lo harán mañana si sobran en su empresa. Ninguno ha sido ni será liquidado tan generosamente como los ex empleados de LyFC.
Ayer, el gobierno cubano anunció la eliminación de un millón de plazas de "trabajadores innecesarios" en el gobierno en los siguientes cinco años. Los va a reubicar. Es un número gigantesco para un país de 11 millones de habitantes. Están quebrados como país por no haber hecho nada antes.
Difícilmente en Cuba alguien optará por pedir a través de una huelga de hambre la nueva contratación de estos despedidos. El gobierno ha dicho que los moverán a donde sean más útiles. Es una economía planificada centralmente; esto se hace por decreto. Los pueden mandar al otro extremo de la isla de donde viven. En LyFC no se podía reubicar trabajadores al interior de la empresa, menos despedirlos. Por eso se terminó por liquidarla. Son libres de buscar otro empleo en donde quieran, pero difícilmente van a encontrar uno tan bien pagado y con las condiciones de LyFC. No pueden producir lo que costaban con lo que saben hacer. Por eso los teníamos que subsidiar.
La secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, critica la insensibilidad del gobierno federal para atender la demanda de los huelguistas. Compara esta actitud con la del gobierno de Raúl Castro, quien liberará a 50 presos políticos para evitar la muerte de Guillermo Fariñas, quien estuvo en huelga de hambre por 135 días. La comparación es absurda. Las condiciones de vida de los disidentes son terribles. Peor aún en las cárceles donde los encierran por disentir. Los liberados fueron en su gran mayoría deportados a España teniendo que dejarlo todo. Quienes permanecieron en Cuba no tienen trabajo y viven casi en prisión domiciliaria. En Cuba la señora Aragón y cualquier crítico aun más tibio del gobierno de Castro estarían en la cárcel. Pero nadie se enteraría a través de los medios de comunicación. Lo que piden en Cuba con una huelga de hambre lo tenemos en México sin limitaciones. Lo que piden los ex trabajadores del SME con una huelga de hambre es que el resto de los mexicanos les demos trabajo aunque sean improductivos. No se resuelve su petición deportándolos a España o a donde deseen.
Espero que no mueran estos dos trabajadores y que Esparza se dé cuenta de que no negociar es matarlos. No hay vuelta atrás en la liquidación de la empresa. Espero que el gobierno federal busque llevarlos al hospital si pierden la conciencia y que nadie impida una eventual maniobra de rescate como ésta. Sin embargo, cuando se les compara con otros que han seguido largas huelgas de hambre sorprende la distancia entre sus razones y peticiones y las de nuestros huelguistas.
Periódico Reforma. Jueves 22 de Julio 2010
22 Jul. 10
Dos ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Cayetano Cabrera y Miguel Ángel Ibarra, están en riesgo de morir. Por decisión propia y con el cobijo y estímulo de la fracción directiva del SME, que encabeza Martín Esparza, están en huelga de hambre. Cayetano lleva ya 89 días. ¿Quién sería el responsable si fallecieran? ¿El gobierno, porque no acepta su demanda de contratar nuevamente a través de la CFE a todos los trabajadores de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro, o quienes decidieron y apoyan este acto?
Si yo organizo a 20 mil talentosos ingenieros y me pongo en huelga de hambre si no son contratados por Telmex, ¿si me muero es culpa de Carlos Slim o mía? Únicamente mía. Slim no tendría responsabilidad alguna. En su empresa y, como en cualquier otra del mundo privado, se contrata sólo a la gente que se necesita. ¿Alguien está en contra de esta premisa?
¿Por qué si el patrón es el gobierno esto es distinto? Los defensores del SME no argumentan que sean necesarios esos trabajadores. Simplemente por haber laborado en una empresa del gobierno tienen derecho a hacerlo de por vida. No importa si sobraban tres cuartas partes de ellos y LyFC perdía al año el equivalente a dos veces el presupuesto de la UNAM.
Esas pérdidas las pagábamos nosotros. Si a un empresario le da por contratar gente de más, es su problema; hace con su capital lo que quiere. En México estamos acostumbrados a dilapidar el capital del gobierno en trabajadores innecesarios. Ésta es una de las razones de la falta de recursos y los malos servicios públicos que erosionan la legitimidad del gobierno.
Es duro para los ex trabajadores de LyFC no tener trabajo, sobre todo para quienes no han optado por la liquidación. Sin embargo, más duro ha sido para los 583 mil 999 que perdieron su trabajo en la crisis del 2009 o que lo harán mañana si sobran en su empresa. Ninguno ha sido ni será liquidado tan generosamente como los ex empleados de LyFC.
Ayer, el gobierno cubano anunció la eliminación de un millón de plazas de "trabajadores innecesarios" en el gobierno en los siguientes cinco años. Los va a reubicar. Es un número gigantesco para un país de 11 millones de habitantes. Están quebrados como país por no haber hecho nada antes.
Difícilmente en Cuba alguien optará por pedir a través de una huelga de hambre la nueva contratación de estos despedidos. El gobierno ha dicho que los moverán a donde sean más útiles. Es una economía planificada centralmente; esto se hace por decreto. Los pueden mandar al otro extremo de la isla de donde viven. En LyFC no se podía reubicar trabajadores al interior de la empresa, menos despedirlos. Por eso se terminó por liquidarla. Son libres de buscar otro empleo en donde quieran, pero difícilmente van a encontrar uno tan bien pagado y con las condiciones de LyFC. No pueden producir lo que costaban con lo que saben hacer. Por eso los teníamos que subsidiar.
La secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, critica la insensibilidad del gobierno federal para atender la demanda de los huelguistas. Compara esta actitud con la del gobierno de Raúl Castro, quien liberará a 50 presos políticos para evitar la muerte de Guillermo Fariñas, quien estuvo en huelga de hambre por 135 días. La comparación es absurda. Las condiciones de vida de los disidentes son terribles. Peor aún en las cárceles donde los encierran por disentir. Los liberados fueron en su gran mayoría deportados a España teniendo que dejarlo todo. Quienes permanecieron en Cuba no tienen trabajo y viven casi en prisión domiciliaria. En Cuba la señora Aragón y cualquier crítico aun más tibio del gobierno de Castro estarían en la cárcel. Pero nadie se enteraría a través de los medios de comunicación. Lo que piden en Cuba con una huelga de hambre lo tenemos en México sin limitaciones. Lo que piden los ex trabajadores del SME con una huelga de hambre es que el resto de los mexicanos les demos trabajo aunque sean improductivos. No se resuelve su petición deportándolos a España o a donde deseen.
Espero que no mueran estos dos trabajadores y que Esparza se dé cuenta de que no negociar es matarlos. No hay vuelta atrás en la liquidación de la empresa. Espero que el gobierno federal busque llevarlos al hospital si pierden la conciencia y que nadie impida una eventual maniobra de rescate como ésta. Sin embargo, cuando se les compara con otros que han seguido largas huelgas de hambre sorprende la distancia entre sus razones y peticiones y las de nuestros huelguistas.
Periódico Reforma. Jueves 22 de Julio 2010
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