La Secretaría del Trabajo y Previsión Social hace Precisiones sobre la toma de nota al Sindicato Mexicano de Electricistas

El pasado 14 de diciembre de 2010, en cumplimiento de un mandato de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), la STPS tomó nota de la reposición del proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del registro de 13 cargos de su Comité Central y Comisiones Autónomas para el periodo que concluirá el 14 de julio de 2011.


1.- ¿Qué ES la toma de nota de un sindicato?
Es el registro y constancia que emiten las autoridades en materia de trabajo, con lo cual se
certifica la conformación y vigencia de las directivas sindicales. Es el reconocimiento de la
creación, registro y actualización de la representación de los sindicatos, de sus estatutos,
padrón de socios y demás.

2.- ¿Qué NO ES la toma de nota del SME?
La toma de nota al SME no implica, de ninguna manera, la reversión del Decreto de extinción
de Luz y Fuerza del Centro (LyFC); ni la creación de una nueva empresa para la prestación
del servicio público de energía eléctrica; o el reconocimiento de la existencia de una nueva
relación laboral; ni mucho menos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convierta
en patrón sustituto, o que esté obligada a contratar colectivamente a los extrabajadores de
LyFC.

Por otra parte, la toma de nota tampoco significa la entrega de recursos de los
contribuyentes o del gobierno federal a esta organización.


3.- ¿Por qué sigue existiendo el SME si LyFC se
extinguió?
El SME no es un sindicato de empresa sino un sindicato nacional de industria. Tiene
personalidad jurídica y patrimonio propios, distintos a los de LyFC. En teoría, el SME podría
llegar a suscribir nuevos contratos colectivos de trabajo con otras empresas.

Por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los sindicatos no pueden
cancelarse por la vía administrativa ni por Decreto. Su existencia jurídica persiste hasta que
su registro sea cancelado por la autoridad jurisdiccional competente o por decisión de su
asamblea.


4. ¿Cómo fue la elección en el SME?
Hace más de un año, la JFCA anuló el proceso electoral del SME y ordenó la reposición
del mismo con apego a sus propios estatutos. El sindicato se rehusó a realizar nuevos
comicios, por lo cual se le negó en una segunda ocasión la toma de nota al pretender
elegir a su directiva mediante asamblea a mano alzada. Finalmente, el SME emprendió
esta nueva elección, que fue aprobada por la JFCA, ya que cumplió con las disposiciones
de la LFT, los estatutos del sindicato y el laudo que ordenó dicha reposición.

Cada sindicato establece libremente en sus estatutos cuáles de sus integrantes tienen
derecho a votar y ser votados. En el caso del SME, tienen derecho a votar los agremiados
en activo y los jubilados, no así los miembros en receso. Cabe mencionar que todos
aquellos que han aceptado su liquidación, son considerados miembros en receso. No es
el caso de aquellos que demandaron un supuesto despido injustificado, su reinstalación y
la sustitución patronal pues sus juicios están en curso y, por tanto, desde un punto de
vista estrictamente legal, no han disuelto su vínculo laboral.

Se aclara también que no existían restricciones para la participación de un mayor número
de planillas en la elección, de hecho, el líder opositor Alejandro Muñoz Reséndiz, pudo
haber peleado la Secretaría General con el supuesto apoyo de los más de 22 mil jubilados
pero prefirió no hacerlo.


5.- ¿Qué pasará con el patrimonio del SME?
Todos los integrantes del SME -miembros activos, miembros en receso (liquidados) y
jubilados- tienen iguales derechos frente al patrimonio del SME y pueden (deben) pedir
cuentas a su Comité Central. Si llegase a liquidarse el patrimonio del sindicato, todos sus
integrantes, incluidos los extrabajadores que aceptaron voluntariamente su
indemnización, tendrían derecho a recibir la parte proporcional de dicho patrimonio.
Sirva la presente para aclarar dudas de buena fe y para responder a aquellos que
pretenden ignorar la autonomía y libertad sindicales sin fundamento legal y con vena
autoritaria.

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Elecciones en el SME

Por Javier Lozano

La extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) no implicó la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). El decreto del Ejecutivo ni siquiera lo menciona. Los sindicatos tienen su propia personalidad jurídica. Y uno de los atributos de la personalidad es el del patrimonio.

El SME es un sindicato nacional de industria y no de empresa. Esto significa que aun cuando su contrato colectivo de trabajo con LyFC ya no exista, puede tener contratos con distintas empresas. Además, hay que recordar que, conforme a la Ley Federal del Trabajo, el registro de un sindicato no puede cancelarse en la vía administrativa, sino que, para ello, es necesario que se siga un juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, lo que en el caso no ha ocurrido.

Como cualquier sindicato, el SME debe ejercer su capacidad jurídica por medio de representantes legales. Su Comité Central, integrado por 26 carteras, sirve para tal propósito. Se compone por dos grupos de 13 miembros cada uno. La elección de los mismos se hace de manera escalonada, una vez al año: el grupo A en los años nones y el B en los pares, aunque siempre duran en su encargo dos años renovables.

Como se recordará, el año pasado se realizó una elección muy cuestionada para la integración del grupo A, que pretendía reelegir a Martín Esparza como secretario general. Tan cuestionada que, primero, se le negó la toma de nota y, después, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (la Junta) anuló todo el proceso electoral y ordenó la reposición del mismo en términos del capítulo V del propio Estatuto del SME, ante la inconformidad de la otra planilla contendiente, encabezada por Alejandro Muñoz. Contra ese laudo, la planilla supuestamente ganadora interpuso una demanda de amparo mismo que, por cierto, les fue negado.

Por cuanto hace al grupo B, la vigencia de los nombramientos de sus 13 integrantes feneció el pasado 14 de julio, sin que se hubiere convocado a elecciones para renovar dichas carteras.

Total que, por razones sólo atribuibles al propio SME, desde mediados de este año, se quedaron sin representación legal. Pretendió esa organización remediar su falta con una asamblea a mano alzada para "ratificar" a los 26 miembros de su Comité Central. Sin embargo, al haberse apartado diametralmente de lo que ordena el estatuto del SME, en el sentido de que las elecciones deben realizarse mediante el voto libre, directo y secreto, y siguiendo un detallado proceso secuencial, la solicitud de toma de nota fue, naturalmente, negada de nueva cuenta por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Cierto es que en la mesa de diálogo de alto nivel, instalada en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se acordó que se analizaría y procesaría la solicitud de toma de nota del SME, pero siempre en el entendido de que se tendría que respetar la ley, su estatuto y el laudo de la Junta.

Es así que, finalmente, el sindicato ha procedido a la reposición de su proceso electoral para el grupo A. En principio, las dos planillas en conflicto presentaron su propuesta de cómo llevar al cabo dicho proceso para alcanzar un acuerdo entre sí. Pero, ante la falta de coincidencias en puntos fundamentales, la Junta aprobó la realización de los comicios en términos tales que se dé cumplimiento a su laudo, observándose lo que prevé el estatuto del SME.

En ese tenor es que se han desatado críticas por cuanto a la equidad del proceso pues los ex trabajadores que finiquitaron voluntariamente su relación laboral después de la extinción de LyFC, no pueden votar ni ser votados por tener el carácter de miembros en receso. Los jubilados, por su parte, pueden votar mas no ser votados. Y todo según el citado estatuto y no por dictado de la Junta ni, mucho menos, de la STPS o de Segob.

Pero ¿qué pasa con quienes no han cobrado su liquidación? ¿No son también miembros en receso? ¿Cómo poderlos seguir considerando trabajadores de un extinto organismo? La respuesta descansa en el hecho de que aquellos que han preferido mantenerse en la resistencia, no sólo no cobraron su indemnización sino que fueron más allá al interponer demandas de amparo en contra de la resolución de la Junta que dio por terminadas las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, y demandaron ante la Junta un supuesto despido injustificado. Esperan, con su acción legal, que el Poder Judicial de la Federación los reinstale en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante la figura de patrón sustituto.

Tal pretensión, a estas alturas, resulta por demás lejana. Ya la propia Junta y el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo han resuelto que no se está (como siempre lo hemos dicho) en el supuesto de sustitución patronal. Sin embargo, esos juicios de amparo y las demandas laborales se encuentran en proceso, sub judice, razón por la cual, desde el punto de vista estrictamente formal, la relación laboral de los quejosos no ha terminado. Así y de acuerdo con el estatuto del SME, siguen en activo y, por ende, pueden votar y ser votados en el proceso electoral que nos ocupa.

Con todo, es una exageración decir que el gobierno federal engañó a quienes confiaron en su palabra al recibir su liquidación de manera voluntaria. Jamás nos hemos pronunciado por cuanto hace a sus derechos sindicales. Ellos cobraron una indemnización por encima de lo que marca la Ley Federal del Trabajo, su contrato colectivo de trabajo y, además, han recibido apoyos diversos del propio gobierno para su reinserción en el mercado laboral.

En todo caso, es falso decir que al ser miembros en receso quedan excluidos de la parte alícuota del patrimonio del SME. Sus derechos y membresía se mantienen. Y pueden (deben también) pedirle cuentas a su dirigencia sobre el manejo de los recursos.

Para concluir, tres precisiones más: 1. La toma de nota es un mero registro que reconoce la representación legal para actuar a nombre y por cuenta del sindicato. No significa que se dé marcha atrás en la extinción de LyFC; ni la sustitución patronal en la CFE; ni la contratación colectiva en la propia CFE de los ex trabajadores en resistencia; ni la creación de un nuevo organismo para la prestación del servicio público de energía eléctrica. 2. Es falso que el gobierno mantenga congeladas las cuentas bancarias del SME. Éste no tiene firmas registradas vigentes para disponer de sus recursos por carecer de representantes legales. 3. Si Martín Esparza y los suyos ganan la elección y ésta se desarrolla como siempre se les exigió, en términos estatutarios, y si no hay algún obstáculo judicial en medio, ellos tendrán la representación legal y la administración del patrimonio del SME. En todo caso, es su sindicato y es su dinero, no del gobierno.

Puede parecer ocioso el mantener con vida un sindicato que, como el SME, no tiene un contrato colectivo vigente. Pero la ley dice otra cosa. Y a ésa nos ajustamos.

La impostergable reforma laboral

Nuestra Ley Federal del Trabajo tiene 40 años de edad. La promulgó el Presidente Díaz Ordaz. Era otra época. México y el mundo han cambiado dramáticamente desde entonces; sin embargo, nuestra legislación laboral se ha mantenido casi intocada. En efecto, en aquel entonces la población era de 48 millones de personas (hoy somos más de 108 millones) y la Población Económicamente Activa era de apenas 14 millones de mexicanos (en la actualidad somos más de 47 millones). México no tenía tratados de libre comercio y la palabra competitividad ni siquiera existía en el diccionario económico. La ley privilegiaba la estabilidad en el empleo y la tutela de los derechos de los trabajadores. La desconfianza hacia el empresariado era manifiesta, y la productividad fue palabra escasa en sus 1,010 artículos, pues solo se le menciona en tres tímidas ocasiones. México debe aprovechar su bono demográfico.

Dar oportunidad de empleo en la economía formal a nuestros jóvenes, más allá de un deber ético, es una responsabilidad de la mayor importancia, generar riqueza con ellos y acumular ahorros para su retiro, es una ruta necesaria. Por si fuera poco, la expectativa de vida crece rápidamente y en unos años más serán millones los dependientes económicos y los retirados que requerirán de recursos suficientes para vivir dignamente. El país ha caído en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, buena parte de ello se explica por la bajísima calificación que se nos otorga en cuanto a la eficiencia del mercado laboral, pilar en el que nos ubicamos en el lugar 120 de 139 países, más aún, en México se trabaja en horas del día como en casi ningún otro entre las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), pero es el más bajo por cuanto a productividad laboral se refiere.

La tasa de desocupación de los jóvenes, de entre 14 y 24 años, es prácticamente el doble de la Población Económicamente Activa; el salario promedio es de alrededor de 7,200 pesos mensuales, son mayores de 40 años uno de cada cuatro desempleados y los juicios laborales individuales duran 38 meses en promedio, mientras trascurre un juicio se acumulan los salarios vencidos (caídos se les llama) que tienen que ser pagados por las empresas en adición a la indemnización legal correspondiente; obviamente , la dilatación artificial de los juicios es un incentivo perverso de abogados laboralistas igualmente perversos. A la mujer se le sigue exigiendo como requisito para entrar a trabajar, para permanecer o para ascender en el empleo un certificado de ingravidez; mientras que tres de cada cuatro personas con discapacidad, en edad de trabajar, no tiene empleo formal. Cierto es que éste ha sido un año muy bueno, en cuanto a la generación de empleos se refiere, con todo no alcanza para las necesidades y demandas de la gente.

Y mientras eso pasa, las multas máximas previstas en ley son, como máximo, de poco más de 18,000 pesos. Sale, pues, más barato violar la ley inescrupulosamente en aras del negocio mercantil. Así pues, el diagnóstico está claro. No podemos seguir así. México tiene prisa de cambiar y hacer más accesible el empleo en la economía formal para sus jóvenes, mejorar el salario con base en la productividad, acelerar y transparentar la justicia laboral, garantizar equidad a grupos vulnerables y hacer cumplir la ley con todo rigor. De ahí que la reforma laboral plantee nuevas modalidades de contratación para entrar al mercado formal de trabajo, con seguridad y previsión social; adoptar fórmulas de productividad para mejorar el salario, asegurar condiciones no discriminatorias para los grupos vulnerables, agilizar los juicios laborales y reforzar los mecanismos de inspección y sanción que contribuyan a un mayor respeto al imperativo de legalidad. Está en manos del Congreso de la Unión aprobar esta trascendental reforma. No se trata de vulnerar derechos laborales, sirio de facilitar el acceso al empleo, aumentar la productividad laboral, reforzar el trabajo decente y, en suma, ganar en competitividad. No hay empleo sin inversión, no hay inversión sin competitividad, no hay competitividad sin un mercado laboral eficiente; no hay mercado laboral eficiente sin un marco jurídico flexible y no hay mejora salarial sustentable sin productividad laboral. El tiempo llegó. Venga la reforma laboral. PERIÓDICO EL ECONOMISTA.

Responde Javier Lozano

Réplica

RESPONDE JAVIER LOZANO

(22 octubre 2010)

Sr. Director:

Me refiero a la columna de Miguel Ángel Granados Chapa, publicada el pasado 21 de octubre en Reforma, "El rijoso Secretario Lozano".

Sobre el particular, es de lamentar que, una vez más, el señor Granados Chapa, en defensa de su amigo Napoleón Gómez Urrutia y haciendo a un lado la conveniencia para la economía nacional de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, confunda rijosidad con firmeza y legalidad. Cierto es que el signo distintivo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en esta administración, ha sido el de enfrentar y resolver los problemas sin miramientos y con estricto apego a derecho. No estaban acostumbrados a ello los defendidos por Granados Chapa y, por lo visto, tampoco el columnista.

Pero lo que ahora sorprende es que don Miguel Ángel insinúe mi autoría o, al menos, la aprobación de un oficio firmado por el Subsecretario del Trabajo y, bajo tal sospecha, me llene de adjetivos en su texto. Tuvo que reconocer el mismo columnista, de última hora y en su Cajón de Sastre, que expresamente rectifiqué el contenido del escrito causante del conflicto con el Senado, al lamentar el tono utilizado por el Subsecretario y ofrecer las debidas disculpas al Senador García Cervantes y a esa Cámara en su conjunto.

Ya debiera conocer Granados Chapa que, además de carácter y firmeza, el tono y estilo de mis comunicaciones no ofenden ni transgreden el respeto, aunque sí incomoden. Tono y estilo que, en el oficio que nos ocupa, lamentablemente, no se observaron. Por eso la rápida rectificación y disculpa de mi parte.

Pero no todo es malo. Esta vez tengo una afortunada coincidencia con Granados Chapa. Ambos pensamos que el Doctor Álvaro Castro es un gran funcionario público.

Atentamente,

Javier Lozano

Secretario del Trabajo y Previsión Social

Artículo 16

Octubre 11, 2010. Por: Javier Lozano.

“Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora del Sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo federal la disolución, liquidación o extinción de aquél”.

Eso dispone el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Fue precisamente con ese fundamento y por las causas ahí expuestas, que el presidente Felipe Calderón procedió a expedir un decreto con el cual se extinguió Luz y Fuerza del Centro hace, exactamente, un año.

No se requería, pues, de autorización del Congreso ni de ley que ordenase esa trascendente decisión. Era una paraestatal creada por decreto presidencial y, por decreto también, habría de extinguirse y liquidarse. Fue un acto de congruencia del Ejecutivo. No se podía pedir más sacrificios tributarios a los mexicanos al tiempo de mantener un organismo costoso e ineficiente con cargo al presupuesto federal.

Los tiempos políticos (timing le llaman) eran por demás incómodos. La peor crisis económica de que se tenga memoria, seguida de la inesperada crisis por la influenza, aderezadas ambas con la derrota del PAN en las elecciones intermedias, una lucha frontal contra la delincuencia organizada y un contexto de difícil negociación en el Congreso no conformaban el escenario ideal para una decisión largamente postergada.

Mienten, pues, quienes afirman que, detrás de la medida está la intención de privatizar la energía eléctrica. Acabar con un organismo que requería subsidios por 42 mil millones de pesos anuales (dos veces el presupuesto anual de la UNAM); que perdía la tercera parte de la electricidad que le compraba a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); con un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos; con ingresos muy inferiores a sus ventas y rezagos e ineficiencias operativas que golpeaban la competitividad del centro del país era, por lo menos, una asignatura pendiente. Vaya, la propia Auditoría Superior de la Federación, al revisar la Cuenta Pública del 2006, recomendó realizar estudios para evaluar si estábamos ya en el supuesto del artículo 16.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) lejos de acompañar la intención del gobierno federal de elevar los niveles de productividad de la paraestatal y disminuir el pasivo laboral, recurrió, una vez más, a la vieja práctica de presionar con los propios recursos del organismo para obtener lo que no le correspondía. Habíamos caído en un círculo vicioso: más poder al SME cada año para, después, ser chantajeados y vencidos con ese creciente poder. Y así sucesivamente.

Algunos critican el operativo con el que se consumó esta valiente acción presidencial. Pero no debemos olvidar que se trataba de evitar confrontaciones y de asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica. El aseguramiento de bienes con el apoyo de la Policía federal, durante la madrugada del domingo 11 de octubre, cumplía con el cometido.

Los saldos: 65% de los ex trabajadores cobraron ya su liquidación con una compensación adicional que alcanzó 435 mil pesos en promedio, es decir, casi tres años de salario integrado. Todos los jubilados reciben puntualmente su pensión. Más de 8 mil personas han sido apoyadas con una beca de capacitación, mientras más de 2 mil han sido contratadas por la CFE. Mil 200 ex trabajadores tienen ahora una franquicia o su propia empresa de servicios para la propia CFE. Mil 235 más han sido colocados en alguna dependencia o entidad de la administración pública federal y otros 4 mil 751 cotizan ya en el IMSS con la ayuda del Servicio Nacional de Empleo.

Otros mil ex trabajadores del extinto organismo serán contratados en la CFE y tres mil más encontrarán en contratistas y proveedores del gobierno federal la oportunidad de trabajar, muy próximamente, gracias a mecanismos específicos que se han acordado.

De otra parte, el proceso mismo de liquidación que ha llevado el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) incluye la atención de más de 40 mil aclaraciones a ex trabajadores y jubilados con un avance de 93%.

Así pues, no hay indolencia frente a la pérdida de las fuentes de trabajo ocurrida como consecuencia, que no como objetivo, de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Se ha apoyado a los ex trabajadores y a sus familias con un año más de servicio médico en el IMSS, y con quitas a sus créditos hipotecarios de hasta 70%.

Por cuanto hace al servicio público de energía eléctrica, la CFE prácticamente ha abatido el rezago que encontró en solicitudes de conexión insatisfechas; ha atendido casi en tiempo real las solicitudes del año; ha acumulado más de medio millón de nuevos contratos o de conexiones regularizadas; ha abierto 119 centros de operación y ha disminuido el tiempo de interrupción por usuario de 67.3 minutos a 19.2.

Cierto. Como cualquier proceso de transición radical que implique un cambio profundo en el estado de cosas, hay fallas que corregir en el servicio o cobros que revisar por parte de la CFE.

Quedan pendientes 2 mil 498 demandas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) por diversos conceptos. Hay amparos en curso y quejas ante organismos internacionales. Con todo, la validez de la extinción es cosa juzgada y no habrá marcha atrás. No habrá contratación colectiva en la CFE; no habrá nueva empresa para la zona centro del país ni, tampoco, una división especial para dar cabida al SME dentro de la CFE. El Poder Judicial de la Federación y la JFCA se pronunciaron ya en contra de la pretensión de hacer de la Comisión su patrón sustituto y el SME deberá transitar por un nuevo proceso electoral, transparente y apegado a sus estatutos, para recobrar su representación legal y obtener la correspondiente “toma de nota”.

Qué duda cabe de que se han tenido que asumir una serie de consecuencias de toda índole: políticas, económicas, sociales y hasta personales. Con todo, bien valen esos costos frente al enorme beneficio que, para el consumidor y el contribuyente, representa el haber acabado con un organismo caro e ineficiente.

La lección que queda, a un año de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, es que cuando se hacen las cosas con estrategia, oportunidad y legalidad, el resultado es positivo y apoyado por las mayorías. En suma, al darle vida al artículo 16 hicimos valer las verdaderas razones de Estado.

Secretario del Trabajo

Periódico El Universal.

Un México invisible

Colaborador Invitado
8 Sep. 10

Manuel Arango A.
Periódico Reforma.

Hay un México que todos los días vemos y que no quisiéramos ver. Un México violentado por el narcotráfico y el crimen organizado. Un México cuyos representantes en el Congreso se preocupan prioritariamente por atender los intereses de sus partidos, ignorando las necesidades y reclamos ciudadanos. Un México dividido por partidos que utilizan fondos públicos para comprar votos, haciendo promesas de cambios que nunca se cumplen. Un México de poderes fácticos que custodian intereses de grupo e impiden cambios necesarios para el progreso y crecimiento del país. Un México donde la ilegalidad, la corrupción y la impunidad restan credibilidad a las instituciones que nos gobiernan y que a toda costa debemos defender, pues por imperfectas que sean, son la base de nuestra incipiente democracia. Un México violento y criminal profusamente difundido y resaltado por los medios en búsqueda de "ratings" pero que indirectamente incrementa el impacto del terror en beneficio de los grupos criminales. Un México de pobreza, golpeado por desastres naturales que destruyen viviendas precarias y provocan enormes tragedias y sufrimiento entre la población. Un México cuya economía no crece al ritmo necesario para dar empleo a millones de jóvenes frustrados ante la falta de oportunidad.

Ese México inseguro, violento, trágico, dividido, corrupto y cínico no es sin embargo el México al que pertenece la gran mayoría de los mexicanos. Esos millones que diariamente acuden a sus trabajos soportando bloqueos y marchas que con frecuencia paralizan las principales ciudades. No es el México que lucha por superarse y sacar adelante su familia, haciendo enormes sacrificios y esfuerzos para lograrlo. Ese México no es el México de padres y madres que por las mañanas llevan a sus hijos a las escuelas para que estudien y puedan alcanzar mejores oportunidades que las que ellos tuvieron. Ese México no es el México de millones de ciudadanos que, a pesar de amenazas y decepciones políticas, acuden a las urnas y con un espíritu democrático y pacífico participan con su voto para construir el país del futuro. No es tampoco el México de una creciente sociedad civil organizada que voluntariamente aporta recursos, tiempo y talento para ayudar a los más necesitados y combatir todo aquello que impide o retrasa la justicia, la equidad y la democracia plena. No es el México de auténticos emprendedores que arriesgando capital, forman grandes y pequeños negocios que crean empleo y brindan bienes y servicios necesarios para el desarrollo y crecimiento del país. No es el México de competentes profesionistas, académicos, campesinos, alumnos, amas de casa y servidores públicos que laboran con ahínco y respeto a las leyes. Tampoco es el México institucional custodiado con disciplina e imparcialidad por nuestras respetadas fuerzas armadas. Menos aún, es el México histórico de rica cultura y antiguos monumentos que atestiguan la grandeza de nuestro pasado.

Este es el México que no se refleja o destaca en los medios y en la política, pero que existe. El México que no vemos ni oímos porque su trabajo callado y comprometido no busca la luz pública ni alcanzar el poder, sino sólo mejorar sus condiciones y calidad de vida. Este es el México invisible que cultiva el campo, ocupa las aulas, los hospitales, los comercios, las fábricas, los hoteles, las universidades, las oficinas, los cuarteles, los hogares, las guarderías y todos aquellos espacios donde se forja día a día el México auténtico, trabajador, comprometido y generoso. Este es el México silencioso que no oímos y tampoco vemos porque no es noticia de impacto en los medios de comunicación. Sin embargo, este es el México profundo de fuertes raíces, de color, música, arte y tradiciones. El México soñador, joven, recio, optimista, pujante, creativo, alegre y emprendedor. Un México de variados climas rodeado de grandes mares, costas, islas y la más diversa naturaleza. El México que no se doblega ante la adversidad y con fortaleza sigue siempre adelante.

Este es el México que todos queremos vivir y que juntos con esfuerzo y compromiso estamos logrando, más allá de intereses mezquinos encumbrados en su lucha por el poder con visión de corto plazo. Podemos ser optimistas, ese México Invisible es el verdadero México, el México que crece y se desarrolla calladamente guiado por principios y valores, y el que va a perdurar por encima de todo.

Debemos continuar en la lucha productiva, formando buenos ciudadanos, cada uno haciendo su mejor esfuerzo y con responsabilidad ayudando a construir un mejor país para nuestros hijos y futuras generaciones. Un país en el que exista la justicia, la seguridad y la oportunidad para todos, sin pobreza y sufrimiento innecesario. Seamos exigentes con nuestra forma de vida, pero también con la de aquellos que gobiernan o intenten gobernar anteponiendo ambiciones personales o intereses de grupo.

Con esa verdad y confianza podemos con optimismo celebrar y volver a gritar, ¡VIVA MÉXICO!

Mexicana

Javier Lozano

Periódico El Universal.

Lunes 30 de Agosto de 2010.

Mexicana no está en quiebra. Su situación es de enorme fragilidad y ha contagiado a sus filiales Click y Link. Antes, éstas habían abrevado del buen nombre de aquélla y resultaron beneficiadas de medidas administrativas y corporativas que, en teoría, habrían de terminar en un atractivo esquema de negocios. No fue así. La historia reciente del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) que aglutina a las tres aerolíneas, ha sido un desastre.

Privatizada apenas a finales del 2005, en su último capítulo, Mexicana atravesó por problemas serios en su devenir. En sus primeros meses logró acuerdos con pilotos y personal de tierra, para aligerar el peso de las relaciones laborales, pero no ocurrió así con los sobrecargos. La administración de la empresa entabló un conflicto colectivo de naturaleza económica que terminó en un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que ordenó modificar a la baja el contrato colectivo de trabajo de los sobrecargos. Estos, por conducto de su sindicato, recurrieron al amparo y protección de la justicia federal. El tema es ventilado en estos días en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, tres años después y con el paciente en terapia intensiva.

Nuevas líneas aéreas de bajo costo, altos precios de la turbosina y la llegada inesperada de una pandemia por la aparición del nuevo virus (A/H1-N1) produjeron pérdidas no previstas para los accionistas y emprendedores de Mexicana. A ello se sumó una competencia feroz con la otra troncal, Aeroméxico, todo lo cual provocó decisiones precipitadas en cuanto a rutas, tarifas y contratación de nuevos arrendamientos de aeronaves. Su estado de salud empeoró rápidamente.

Las consecuencias de todo lo anterior están a la vista. El grupo empresarial que compró Mexicana en el 2005 vendió ahora por un precio ridículo las acciones de NGA. Perdieron su inversión y su expectativa de negocios. Su administración quedó fuera y, quizá, le esperen tiempos difíciles por cuanto hace a su gestión y responsabilidad de negocios y a sus decisiones corporativas.

Y llegaron los “rescatistas”. Advent International y un par de empresarios mexicanos pretendieron aprovechar la fragilidad financiera de NGA. Crearon en días recientes una nueva compañía (Tenedora K) para ser el vehículo que comprara las acciones de NGA.

Me atrevo a decir que, también, pensaron que este gobierno federal actuaría igual que sus antecesores. So pretexto de que estamos frente a un servicio público concesionado, habría recursos fiscales para rescatar, por enésima vez, a tan importante compañía. Faltaba más. Las fórmulas estaban a la vista: financiar combustible, servicios aeroportuarios y del espacio aéreo. Extensión por dos décadas de un contrato de arrendamiento en la Terminal 1 del aeropuerto capitalino. Créditos puente para salvar el escollo y un empujoncito con los acreedores bancarios más visibles para que no insistieran en conservar sus garantías frente a un concurso mercantil ya demandado. En el extremo, la esperanza de siempre de recomprar la empresa y administrarla como una paraestatal para, ulteriormente, volverla a privatizar.

Sin embargo, desde un principio se dijo, y se cumplió, que el gobierno federal no entraría a rescatar con recursos de los contribuyentes a NGA y que tampoco habría requisa, es decir, la intervención directa del Estado para seguir operando y administrando las aerolíneas.

La premura, la fragilidad financiera del grupo y la importancia que representa el nombre de Mexicana de Aviación junto con los compromisos asumidos con pasajeros y clientes, así como con los acreedores del grupo, hicieron suponer también a los compradores de NGA que los sindicatos de tripulantes de las aerolíneas cederían a ciegas las prerrogativas que sus contratos colectivos les otorgan y con ello renunciarían a sus derechos adquiridos.

Todo lo anterior fue un muy mal cálculo. Y, de ahí, la decisión de Tenedora K de suspender las operaciones de las tres aerolíneas en su totalidad. Invirtieron lo estrictamente necesario para continuar con una menguada operación mientras negociaban con sus interlocutores. Conscientes, finalmente, de que tan agresivo lance no llegaría a ningún lado, prefirieron cerrar la llave del flujo de recursos y congelar las operaciones de Mexicana, Click y Link.

¿Qué sigue? Estamos frente a un concurso mercantil que se ha solicitado pero no se ha sentenciado. Es de esperar que, cuando así suceda, la SCT nombre conciliador y, en su caso, administrador del comerciante. Con ello, la información fluirá para todos. Se podrá saber el estado real del NGA; las decisiones recientes y su verdadera intención; se podrá negociar con los sindicatos nuevas condiciones de trabajo para cada gremio; se diseñará así un plan realista de negocios y, entonces, se podrá inyectar capital fresco a las aerolíneas.

Así las cosas, el concurso mercantil es el proceso idóneo para sanear al grupo y evitar la quiebra. La suspensión total y temporal de operaciones de Mexicana, Click y Link abre un espacio para la revisión cuidadosa de la información y la negociación entre las partes involucradas.

Con todo, la consolidación de aerolíneas en nuestro mercado es algo inminente. No debe sorprender a nadie. Así ha ocurrido en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, no se puede ni debe aspirar a que esa integración se dé a partir del desastre que implica la quiebra provocada por la acción u omisión irresponsable de muchos y con el consecuente beneficio de pocos.

Mexicana tiene 89 años de vida. Cuenta con activos intangibles extraordinariamente valiosos. Sus deudas son pesadísimas pero su futuro es promisorio. Podemos y debemos intentar un esquema novedoso de negocio donde todos participen de manera responsable. Empresarios, sindicatos, trabajadores, acreedores y gobierno debemos vigilar por la preservación del empleo y de los derechos y beneficios de los consumidores.

La lección más importante, empero, que nos ha dejado esta historia es que esa manera tradicional en la que algunos suelen hacer negocios en México, basada en la irresponsabilidad empresarial, el paternalismo oficial y en la sumisión colectiva del trabajo ha quedado rebasada. Más aun, los servicios públicos concesionados ameritan un tratamiento especial que la ley reconoce. Basta ya de tirar arpas para que otros las recojan y pretendan embrujar con ellas a gobiernos, trabajadores, acreedores y consumidores.

Secretario del Trabajo